Permanente pide al gobierno hacer realidad el 18 constitucional
Si bien la Constitución Política de México señala en su artículo 18 que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, la realidad que se vive en los 375 centros de reclusión que existen en todo el país, no permite cumplir con el anhelo constitucional.
Así lo reconocieron los legisladores federales que integran la Comisión Permanente, órgano que funciona durante el receso de las dos cámaras del Congreso y que se compone por 19 diputados y 18 senadores, al aprobar el punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a coordinarse en la implementación de las políticas públicas que mejoren la operación de los centros penitenciarios.
Y es que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los 375 centros de rehabilitación 17 son federales, 278 son cárceles estatales, 13 dependen del gobierno de la Ciudad de México y 67 municipales, en cuya totalidad viven 216 mil 831 presos, a pesar de que la capacidad instalada es para 212 mil 144 personas.
Ello es uno de los motivos por los que no se alcanza el objetivo constitucional de la reinserción social y que se presenten acontecimientos como el ocurrido el 11 de febrero de 2016 en el penal de Topo Chico, Nuevo León, en donde un motín se cobró la vida de 49 personas y la lesión de otras 12.
Tras señalar la urgencia de medidas que corrijan esta situación, los legisladores federales recordaron que “el principio de reinserción social es un mandato, cuyo cumplimiento significa aprovechar el tiempo de las personas privadas de la libertad, para que puedan desarrollar capacidades y actitudes, aprender un oficio y trabajar.”