UA-141661442-1

Mayo 30, 2017

Rumbo al extraordinario

José Luis Camacho Vargas

La LXIII Legislatura del Congreso de la Unión se alista para realizar el segundo periodo extraordinario de sesiones en lo que va de su ejercicio. Una vez que tengan lugar las elecciones en cuatro entidades federativas y previo a que dé inicio, en septiembre próximo, el proceso electoral federal 2017-2018, los legisladores federales se reunirán en pleno para discutir temas de gran relevancia para el país, y que tienen que ver con el principal motivo de preocupación para los mexicanos: la seguridad.

El diputado César Camacho, líder del PRI en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ha dicho que una vez realizadas las elecciones y obtenido el veredicto popular, los congresistas priistas propondrán la reunión de forma extraordinaria de los 500 diputados federales durante la segunda quincena del mes de junio próximo, a fin de analizar el dictamen en materia de mando único en cada una de las 32 entidades federativas y una vez desahogado, proceder al análisis del dictamen que contendrá la Ley de Seguridad Interior.

Tras las declaraciones del coordinador del PRI, diversos liderazgos políticos coincidieron en la urgencia de convocar al periodo extraordinario y con ello, resolver de una vez por todas dos temas que han sido motivo de discusión y debate durante los trabajos de las comisiones dictaminadoras.

Y es que mientras algunos señalan que el mando mixto debiera ser el camino por el que transitara la profesionalización de los cuerpos policíacos y la procuración de justicia, el PRI ha dicho que ese esquema traería mayores complicaciones y descoordinación institucional, ya que mientras en algunas entidades la interlocución sería con un mando unificado, que respondería de manera directa a todas las necesidades de la población, en otras habría diversos mandos y diversos interlocutores, obligando a la Federación a desplegar un sistema de organización diferenciado y complejo.

Se trata de argumentos que los legisladores expresarán en la tribuna legislativa y en los que los mexicanos pondremos especial atención, pues se trata de un tema de primer orden para garantizar el estado de derecho en cada rincón del país y la lucha contra la impunidad.

El segundo tema es el relativo a la seguridad jurídica que los mexicanos exigen haya en la lucha contra el crimen organizado. Y es que desde el año 2006 el Ejército y Marina-Armada de México han salido de sus cuarteles y se han desplazado a las zonas de mayor peligrosidad por la presencia del crimen organizado, generando con ello una solución en el corto plazo, pero no así en el largo plazo.

Ello porque la autoridad civil local y municipal ha delegado su labor de seguridad pública en nuestras Fuerzas Armadas, en lugar de mejorar sus capacidades y permitir que los militares mexicanos se retiren de esas zonas.

Ante la omisión de la autoridad civil se hace necesario establecer por ley los tiempos, mecanismos y obligaciones de cada orden en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Ésa es la urgencia en este tema y no que se quiera militarizar el país, como se ha llegado a afirmar.

Las Fuerzas Armadas son solo una parte de quienes tenemos interés por que esa ley salga adelante.

En el Senado de la República existe plena consonancia con lo que se ha expresado en San Lázaro, por lo que es muy probable que una vez que una cámara resuelva en determinado sentido cada uno de estos dos temas, sea resuelto de manera casi inmediata por la colegisladora.

Y para ello se requiere que diputados y senadores trabajen en conferencia, a fin de facilitar los acuerdos mayoritarios y definir las grandes líneas de acción en estos temas.

@jlcamachov