Septiembre 27, 2021

Transparencia de información en Cambio Climático, reto para México

por Juan Palma Vargas

La sociedad mundial vive los problemas del medio ambiente cada vez más como factor de riesgo extremo para su supervivencia. Esta visión convierte la relación Hombre-Naturaleza como una de las principales fuerzas de movilización política, sustituyendo muchas veces, a las desigualdades sociales, de raza, de género o problemas migratorios, por ejemplo. Los asuntos del medio ambiente constituyen un juego de poder donde el riesgo significa incertidumbre para la sociedad global.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, emitió un llamado de urgencia al mundo sobre la crisis ambiental global con un carácter de “Código Rojo” para próximas décadas, en el marco de la 76° periodo de sesiones de la Asamblea General del organismo. La meta para mantener al planeta por debajo de los 2,7 °C hasta el 2030 se complica, pues hay un compromiso de mitigación para bajar 218.02 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Apenas llevamos dos décadas del siglo XXI y estamos por entrar a una temperatura de 1.5°C como lo sentencia el Acuerdo de París. Se necesita reducir los gases de efecto invernadero a un 12% en 2030 en comparación a 2010, aunque es una medida insuficiente, como resaltó el secretario general en el foro de las principales economías sobre energía y cima organizado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El cambio climático alcanza emisiones de gases contaminantes a la atmósfera en niveles nunca experimentados en la historia de la humanidad desde que comenzaron los registros en 1880. El organismo internacional reitera que el único responsable de las condiciones extremas de alteraciones climáticas es el homo sapiens demens (parafraseando al politólogo italiano Giovanni Sartori) quien sostiene su economía, sobre un modelo de quema de combustibles fósiles que liberan a la atmósfera gases como metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, clorofluorocarbonos, vapor de agua entre otros, y que motivan el efecto invernadero, la escasez de agua, fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, sequías, etc.

El Informe de Cambio Climático: las bases científicas, que fue aprobado por 193 gobiernos integrantes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) es la primera entrega de seis que se publicarán hasta el año 2022 con el título Sexto Informe de Evaluación, donde se reitera que nuestro planeta se encuentra al límite del crecimiento económico con las tecnologías tradicionales y de un aumento poblacional que cada año demanda mayores alimentos y servicios; profundizando los desequilibrios ecológicos y las capacidades de sustentación para la vida y abriendo la brecha entre la pobreza y la desigualdad social.

Se reconoce que el cambio ambiental global genera amenazas, desafíos, vulnerabilidades y riesgos para la seguridad humana y su supervivencia. Se continúa alertando sobre el cambio en el metabolismo de las poblaciones, los riesgos a la salud, la capacidad de recarga de los ecosistemas, capacidad de renovación de la biomasa, que implica existencias de materias primas y servicios ambientales, así como la huella ecológica.

El documento señala que con el aumento a 1.5°C en la temperatura del planeta habrá más ondas de calor, las estaciones cálidas serán más largas y las frías más cortas. Pero con el aumento de 2°C, los eventos extremos de calor serán más frecuentes y se llegará a niveles de tolerancia crítica para la salud y la agricultura. Inimaginable el escenario para el 2100 donde la temperatura podría llegar a 3.5°C, según el IPCC.

Con este escenario, los Estados miembro se darán cita en noviembre próximo en la Conferencia de las Partes (COP 26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Glaswog, Escocia. La expectativa es alta, ya que se esperan concretar acuerdos de trascendencia global, fundamentados en los estudios científicos del IPCC, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y a la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Pero esa reunión no será a única donde se aborde el tema de cambio climático, sino los efectos en el planeta se revisarán en las tres principales conferencias de los tratados de Río, la COP sobre biodiversidad, la COP sobre deforestación, la COP sobre el diálogo energético de alto nivel y la Conferencia sobre los Océanos.

Por su parte, la Cumbre de Acción Climática (2019) destacó que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando a razón de 1,5% anual donde las economías industrializadas del G-20 son corresponsables junto con el resto de las naciones, pues entre todos contribuimos a la elevación de la temperatura del planeta. En otras palabras, la geopolítica del cambio climático trasciende las fronteras estatales y no reconoce las políticas soberanas que cada país define, pues los acuerdos los acuerdos deben estar sustentados en el multilateralismo, a fin de enfrentar problemas globales de vulnerabilidad y de resiliencia de todos los seres vivos. Las respuestas deben tener mayor alcance y compromisos a varios niveles desde el cumplimiento de las leyes nacionales con observancia a los acuerdos multilaterales ambientales y asumir nuestro papel responsable frente a las generaciones presentes y futuras.

La COP 26 y la transparencia climática

La ONU tiene la percepción de que hay naciones que reportan de manera contundente una reducción de gases de efectos invernadero, a través de sus comunicados nacionales, pero no del todo coinciden las cifras para las instancias internacionales de evaluar los compromisos de cada nación. Por esta situación, la COP 26 va a impulsar el tema de la “transparencia climática”, para definir las reglas que tendrán que cumplir los estados en los reportes de su reducción de gases contaminantes a la atmósfera. El propósito es muy importante porque le permitiría a la ONU medir con mayor exactitud los compromisos de los estados miembro y permitir que la sociedad global conozca que gobiernos están asumiendo un papel comprometido al corto plazo para no llegar al incremento de temperatura mundial más allá de los dos grados.

De manera particular, el tema es importante para la sociedad mexicana, ya que el gobierno de México ha reportado una reducción de 50 millones de toneladas de CO2, en el periodo 2018 a 2020, conforme a las metas establecidas en el Acuerdo de París. Sin embargo, las acciones del gobierno mexicano van a contracorriente a la emergencia climática, pues se ha puesto freno a las energías renovables, hay un aumento en el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad , aumenta la deforestación, no hay un alto al cambio de usos de suelos, aumenta la destrucción de manglares, se sostiene el abandono a las áreas naturales protegidas, nula protección a la biodiversidad y la producción agrícola continúa con una demanda alta de consumo de agua, entre otros problemas.

El gobierno de México tendrá que presentar a detalle el inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, a partir de evidencias de las actividades productivas donde bajaron esas toneladas y adicionalmente hacer público las memorias del cálculo. Todos los números deben cuadrar y ser transparentes para las Naciones Unidas.

En este sentido, el secretario general de la ONU ha declarado que la COP 26 está en una senda de franco fracaso si todos no asumen sus responsabilidades, mayor compromiso en el tema de financiación, adaptación y mitigación. António Guterres señaló un problema concreto, la energía obtenida del carbón. Si todas las centrales de carbón entran en funcionamiento, no sólo estaremos por arriba de 1,5 ° sino superaremos los 2,0 y los Acuerdos de París se esfumarán.

La asistencia de México en la CPO 26 no será exclusivamente para presentar datos técnicos al organismo sino darle un significado de imperativo moral, político, económico y social para la sociedad mexicana, que se ha visto incrementar el número pobres y, por lo tanto, quienes sufren las mayores afectaciones al medio ambiente, además que se está socavando con los esfuerzos nacionales por cumplir con las Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la Agenda 2030.

Por su parte, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala en su Informe de Medición de la Pobreza 2020 que se sumaron 3.8 millones de mexicanos a la pobreza en donde 2.1 millones de personas más entraron en la categoría de pobres en grado extremo dando un total de 55.7 millones de pobres en nuestro país (43.9% de la población total) en el lapso de 2018 a 2020. De manera primaria, podemos concluir que a mayor nivel de pobres significa mayores niveles de deterioro ambiental, ya que los ciudadanos se ocupan más de temas urgentes como comer, tener acceso a agua potable y vivienda, pues no cuentan con programas sociales productivos vinculados al cuidado y regeneración ambiental de alto impacto y que les permitan obtener un empleo permanente.

Toda acción ambiental impacta directamente a la pobreza. La Comisión Brundtland (1987) fue la primera en señalar que la destrucción ambiental no es el único peligro que ensombrece la modernidad basada en el crecimiento y desarrollo económicos, sino que también existe una estrecha vinculación entre la pobreza y el deterioro ambiental.
Si bien, la medición de la pobreza es un proceso multidimensional, considera el impacto del cambio climático al momento en que millones de mexicanos requieren de programas sociales para adaptarse y buscar ser resilientes ante fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones, tierras afectadas para la agricultura, ganado en riesgo, zonas costeras inundadas, incendios, huracanes, terremotos, entre otros problemas, como lo hemos visto este año en Jalisco, Edo. de Méx. Coahuila, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Querétaro, Hidalgo o Veracruz, por mencionar algunos.

Conforme avance el incremento de temperaturas en México, los habitantes de zonas costeras experimentaran un desplazamiento territorial al momento que el mar se eleve ente 0.1 y 0.90 metros. Otro fenómeno que ocasionará migración interna es la sequía, aunque en distintos grados como en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche; de igual forma en regiones áridas y semiáridas donde se encuentra el 96.9 por ciento de la superficie territorial y se concentra la mayor población y las actividades económicas.

Baja California, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Colima, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Sonora e Hidalgo se encuentran en una superficie con tendencia a la desertificación. Mientras que en estados como Sonora, Jalisco, Michoacán, Campeche, Chiapas y Quintana Roo experimentarán menos lluvias durante el año.

El compromiso para México al mitigar el cambio climático con decisión es grande y un reto mayor, asumir la transparencia ambiental ante la comunidad nacional e internacional. Ya veremos después de la COP 26 los acuerdos que nuestro país tendrá que asumir y cumplir.