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Junio 2, 2017

La mujer embarazada es la mayor víctima de discriminación en el país

Por paradójico que resulte, la persona que nos da la vida y educa es la que más sufre discriminación en nuestro país. Así se ha hecho patente durante el foro “Despido por embarazo: Acciones para combatir este flagelo social”, organizado por el Senado y en el que participó una decena de organizaciones de la sociedad civil.

Señalando que la mayoría de reformas se encamina a prevenir la discriminación con las solicitudes de pruebas de embarazo, legisladores y representantes de la sociedad civil coincidieron que poco se ha avanzado para prevenir el despido de mujeres por encontrarse embarazadas, situación que es generadora de mayores problemáticas para la afectada.

Por ello, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sen. Angélica de la Peña Gómez, destacó que se buscará reformar las leyes de trabajo, IMSS e ISSSTE para atender esta omisión y garantizar el respeto de los derechos humanos de las madres de familia.

Al destacar la falta de claridad y rumbo de una treintena de piezas legislativas aprobadas durante la legislatura pasada, la directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Daphne Cuevas Ortiz, pidió mayor compromiso de las y los legisladores para atender la realidad a la que se enfrenta una mujer embarazada.

Al respecto, Lilia Mónica López Benítez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, comentó que una mujer embarazada que es despedida también es vulnerada en sus derechos humanos, porque deja de obtener un salario, se le priva de la asistencia médica, del descanso que debe tener antes y después del nacimiento y de continuar cotizando para la jubilación.

Al hablar de las cifras de la problemática, Jacqueline L´Hoist Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), dijo que durante 2016 se atendió mil 200 denuncias de despido por discriminación, de los cuales 38% fue de mujeres que tras informar sobre su embarazo, fueron despedidas.

Señaló que el porcentaje lejos de ir a la baja, se incrementa. Y muestra de ello es que en lo que va de 2017 el porcentaje de estos casos se encuentra en 31%. De ahí la urgencia de que el Poder Legislativo atienda esta situación.