Julio 25, 2021

Acontecer Político

por José Luis Camacho Vargas

Domingo, 25 de julio de 2021.

 

 

Aspirantes presidenciales, a juicio político

A pesar de la intención presidencial por “democratizar” la elección de su sustituto en la primera magistratura del país y adelantar tres años los tiempos, lo único cierto es que la Constitución no permite que servidores públicos con claras y abiertas aspiraciones presidenciales puedan ni deban continuar en su encargo, pues los recursos públicos no son para construir candidaturas ni cerrar el paso a la competencia electoral, sino para servir a las y los mexicanos. De continuar en su encargo, esos aspirantes-servidores públicos serían sujetos a juicio político.

En nuestro país uno de los sucesos políticos que mayor interés despierta en la sociedad es el que se refiere a la sucesión presidencial. Para los mexicanos despejar la incógnita respecto a quién será el próximo presidente de la República trae consigo una mística sin igual, ya sea como un mero juego de especulaciones o un verdadero interés en la política, todos tienen su “gallo”, sin embargo, en esta ocasión el precoz ejercicio promovido por el presidente ha causado división temprana en el grupo gobernante y quitado la atención a los verdaderos problemas nacionales.

Y es que durante décadas la lógica sucesoria del primer mandatario del país giró en torno a la figura del “tapado”, ya que prácticamente hasta un par de meses antes de la elección nadie sabía quién sería el candidato oficial, por lo que los “presidenciables” tomaban muy en serio la advertencia de Fidel Velázquez Sánchez, líder de la CTM, quien a manera de advertencia decía: “el que se mueve no sale en la foto”.

Para los críticos de esta regla no escrita del sistema presidencial mexicano también identificada como el “dedazo”, este episodio suponía un acto de conservación del poder en el que el Ejecutivo, en su calidad de jefe del partido, disponía por sí mismo a quien debía sucederlo.

Aunque en el fondo este argumento tiende a ser propiamente una regla de la real política cuya vigencia está más viva que nunca, existen factores y circunstancias que delinean el rumbo del proceso sucesorio. Preguntas como ¿qué elementos intervienen en la decisión del presidente sobre en quién debe recaer la más alta responsabilidad del país?, o ¿cómo se elige al candidato ideal?, son cuestiones que sólo pueden interpretarse a partir de los hechos clave que determinaron el peso de la balanza en favor de un candidato.

Al leer con detenimiento la obra El Poder de Miguel Osorio Marbán, se pueden identificar claramente qué sucesos marcaron la diferencia al momento de elegir entre uno u otro candidato, porque debe advertirse que no solo se trata de una decisión basada en la mera afinidad personal, sino de una medida tomada a partir de una serie de circunstancias y hechos en los que el presidente de la República no es más que el “fiel de la balanza”.

Así sucedió, por ejemplo, al final del mandato del presidente Manuel Ávila Camacho con Miguel Alemán Valdés y Ezequiel Padilla, quienes se posicionaron como los más fuertes contendientes para sucederlo en el cargo. Aunque ambos poseían una trayectoria política reconocida, buena relación con los sectores priistas y una estrecha relación personal con el “Presidente Caballero”, las actividades del segundo tendientes a lograr el apoyo del gobierno estadounidense para su candidatura e incluso la presión que ejerció sobre el presidente el secretario de Estado de los EE.UU, con respecto a la viabilidad de que el entonces secretario de Relaciones Exteriores alcanzara la candidatura, fue determinante para que optara por postular a Alemán. Con ello, la autodeterminación se impuso a la disuasión del exterior.

Por su parte, Adolfo Ruiz Cortines conquistó la candidatura presidencial por su trabajo serio y responsable. Mientras Fernando Casas Alemán tejía toda una red de apoyo en torno a su causa y no perdía ceremonia o mitin alguno para demostrar la fuerza de su candidatura, la discreción y la disciplina imperaron en “el viejo” y ello lo convirtió en el candidato oficial a la Presidencia de la República en octubre de 1951. Situación similar sucedió con Adolfo López Mateos, quien con su impecable trabajo y eficiencia al frente de la Secretaría del Trabajo se abrió paso por sí solo rumbo a la candidatura, aun cuando Gilberto Flores Muñoz resultaba ser el hombre con mayores posibilidades, según los medios de comunicación.

En 2021, en una evidente prematura carrera presidencial, a pesar de que el presidente pretende erigirse en el árbitro, lo que en realidad está provocando es la descalificación de quienes acceden a su palabra y se destapan.

Se trata, con base en la historia, en un hecho sin precedentes que podría desembocar en una crisis institucional.

Y es que el marco constitucional prohíbe precandidaturas sin reglas y sobre todo, el desvío de la aplicación objetiva e imparcial de los recursos públicos.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que los actos anticipados de campaña resultan ser expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido, lo cual, evidentemente, ha sucedido en México.

Por si fuera poco, el artículo 134 constitucional, en su párrafo séptimo señala: “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”

Y cuando la jefa de gobierno aplaude y saluda que le griten “¡Presidenta!”, es evidente su destape y el desvío de su actuar como gobernante.

México es un país de leyes en el que los primeros obligados en cumplir con ellas son los servidores públicos, quienes, a pesar de contar con el apoyo, claro o no, del presidente para hacer proselitismo, están impedidos constitucionalmente para hacerlo y avasallar, con base en los recursos públicos, a los otros partidos políticos.

De ahí que estén incumpliendo la Constitución y encuadrando su actuar a lo señalado por el artículo 109 constitucional:

“Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

“I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho…”.

Es evidente que las y los mexicanos hemos perdido servidores públicos para tener, en su lugar, adelantados presidenciales, quienes por más que busquen el visto bueno presidencial, también deberán responder a las circunstancias nacionales, así como a los resultados que hayan o no obtenido en su respectiva encomienda.

@jlcamachov