Diciembre 15, 2017

Ley de Seguridad Interior

Con 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, fue aprobado en lo general y en lo particular por el Pleno del Senado de la República, el dictamen a la minuta de la Ley de Seguridad Interior en una discusión extensa y mayúscula que se prologó de las 14:50 horas del jueves 14 de diciembre hasta las 6:10 horas del viernes 15.

La ley establece la función del Estado para preservar la seguridad interior y crear bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, estados y municipios, además prevé el conjunto de órganos, procedimientos y acciones facultados para prestar auxilio y protección a entidades federativas y municipios, en un contexto de riesgos y amenazas que afecten la seguridad nacional.

En ese sentido esclarece que las legislaturas locales, el Ejecutivo estatal o el Federal podrán solicitar la intervención de la Federación, señalando el problema, el nivel de amenaza y el lugar, precisando la vigencia de participación de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas, precisa asimismo que cuando las Fuerzas Armadas ejecuten acciones de esta naturaleza o se percaten de este tipo de delitos, tendrán que darlo a conocer de manera inmediata al Ministerio Público o policía para que intervengan en sus atribuciones, el incumplimiento de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior obtenida, será castigada.

Al respecto, los grupos parlamentarios vertieron diversas consideraciones, destacando entre ellas las afirmaciones que versan sobre la certeza que otorga el ordenamiento en comento a la colaboración de las fuerzas armadas en el cumplimiento del objetivo mencionado, así como la reflexión acerca de lo benéfico que resulta para el país la delimitación de un marco jurídico que regule las tareas de seguridad, existiendo garantías de respeto a los derechos humanos, libre manifestación, transparencia y equilibrio de poderes.

El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, concluyendo que el mismo no tiene pretensión de militarizar al país, en cambio sí de brindar protección a la sociedad de manera consciente, siendo éste un proceso largo, producto de la discusión y el debate, donde se atendió a organizaciones civiles, organismos internacionales, a la SEDENA, a los gobernadores y a los presidentes municipales, un curso arduo y responsable que no responde de ninguna manera a un resultado producto del “fast track”.