Acontecer Legislativo
Senado congrega a operadores de justicia en el país
por José Luis Camacho Vargas
El discurso de apertura o de saque inicial presentado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, durante la celebración del Foro Nacional (virtual y a distancia) sobre “Los Desafíos de la Justicia Mexicana”, no tiene desperdicio ni en datos ni en conceptos.
Así trataremos de rescatar los aspectos más sobresalientes.
Las cifras sobre el estado que guarda la justicia mexicana y la urgencia para transformarla, con “un cambio profundo, un ajuste radical de las estructuras del Estado, para que no se quede como una noble intención”, dijo Monreal Ávila para solicitar a los más de 500 cibernautas que se conectaron: No permitir la simulación. No se trata de maquillar o disfrazar la realidad”.
Y así entró en materia, ante la presencia de altos funcionarios colaboradores del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, como Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia; Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República.
Sin duda un evento de gran calado y de análisis, que condujo Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.
Y recordó a los atentos escuchas en el ciberespacio que desde 1994 se reconoció la lejanía entre las demandas apremiantes de justicia de las personas, y la indiferencia de los órganos de procuración y administración de justicia, para zanjar la distancia entre la sociedad y la garantía de sus derechos. Desgraciadamente, los objetivos no se han cumplido. Y de ahí la necesidad de un debate técnico e informado, en coordinación entre los tres poderes y la sociedad para lograr rutas claras y eficaces.
A los presentes, les dijo que las reformas que hoy nos convocan son de gran calado, y enumeró:
La reforma orgánica al Poder Judicial de la Federación, instrumentada con una visión autocrítica por la propia judicatura, y avalada por el Ejecutivo federal, reconoce que los métodos de ingreso, adscripción, ratificación y permanencia en la carrera judicial exigen una profunda reingeniería, de forma y fondo, que permita consolidar una judicatura ética, profesional, independiente e imparcial, sin distinción de fueros.
Se aspira a alcanzar el grado de excelencia en el ingreso y la formación permanente la carrera judicial.
Contar –dijo— con juezas y jueces conscientes de la realidad criminal del país, y de los costos de la impunidad en la vida de las víctimas y en la sociedad, así como en la legitimidad de toda la judicatura.
Fue entonces cuando se comprometió a presentar una reforma —con la experiencia de la judicatura—, que posibilite la protección eficaz a juezas, jueces y a todos aquellos operadores de la materia penal, de ambos fueros, quienes, por sus funciones, se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Pausado y muy ordenado en sus propuestas, el zacatecano observó que tampoco es posible seguir inertes, “contemplando que, día a día, en las salas de audiencia, la realidad nos revela las asimetrías en la formación y capacitación de los distintos operadores jurídicos; la redacción ambigua de la codificación, y la consecuencia no prevista, materializada en la impunidad originada por la puerta giratoria”.
Urgió también a elaborar un código nacional penal, dejando de lado la dispersión de codificaciones penales sustantivas estatales, producto de un exacerbado federalismo y, así, abonar a que el Estado mexicano sea una unidad frente a la delincuencia, con todos los operadores, en todos los fueros, para recuperar la confianza pública en las autoridades encargadas de la operación del sistema penal.
Ya para concluir observó que la crisis pandémica obliga a utilizar instrumentos legales que permitan operar con herramientas tecnológicas modernas, para cumplir su función en un mundo que, a pasos acelerados, avanza sobre los rieles de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Los órganos de justicia locales y del Poder Judicial federal, de acuerdo con los censos citados, resolvieron durante el último año 2 millones 300 mil asuntos. De éstos: la mitad fueron resueltos por órganos federales, y la misma cantidad por los órganos locales.
No obstante, los poderes judiciales locales reciben anualmente alrededor de dos millones de asuntos nuevos. Es decir, se resuelven menos asuntos de los que se reciben.
De acuerdo con el INEGI, la cifra negra de delitos que no se denuncian o que no concluyen con averiguación previa o carpeta de investigación se mantuvo, entre 2012 y 2018, prácticamente en un 93 por ciento, lo cual se traduce en IMPUNIDAD: uno de los problemas centrales de nuestro país, y un gran obstáculo para el desarrollo. Se estima que en el 2018 se cometieron 33 millones de delitos en contra de 24.7 millones de víctimas de 18 años o más.
El costo para el país fue del 1.5 de su Producto Interno Bruto, lo que equivale a 286 mil millones de pesos (es decir, 783 millones diarios), para reforzar las medidas de prevención, o en daños y pérdidas ocasionados por tales actos delictivos.
Fue entonces que, de manera específica, Ricardo Monreal entró en el terreno de los conceptos:
“Ello muestra la percepción de la sociedad, que tiene poca confianza en las policías municipales, ministerios públicos, procuradurías estatales y personas encargadas de juzgar. El pueblo de México exige y merece una justicia de excelencia”.