Legisladores, Poder Ejecutivo y CNDH instalan mesa de armonización legislativa sobre reforma de derechos humanos
Diputados, senadores, funcionarios de la Secretaria de Gobernación (Segob) y de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) instalaron Mesa Nacional de Armonización Legislativa sobre la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, publicada en 2011.
La Constitución Política se modificó en junio de 2011 “y abrimos puertas muy anchas para el derecho convencional, al reconocimiento de los tratados internacionales, firmados por México”, sostuvo el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, durante la instalación.
Al acto asistieron el subsecretario de Derechos Humanos y el director general de Política Pública de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Luis Roberto Campa Cifrán y Ricardo Sepúlveda Iguíniz, respectivamente.
También el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y los legisladores que presiden la Comisión de Derechos Humanos en ambas cámaras, el diputado Armando Luna Canales (PRI) y la senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD).
El Dr. César Camacho, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, enfatizó que el principal compromiso de dicha mesa es que con “el mismo espíritu del contenido normativo de la que está imbuida la reforma política de 2011, se llenen las constituciones locales, las leyes generales, federales, secundarias, es decir, todo tipo de normas cualquiera que sea su rango”.
Campa Cifrián aseveró que el enorme reto es la implementación cabal de esta reforma, que funge como ruta para llevar a la práctica de manera efectiva y concreta los derechos humanos en México, ante las condiciones de violencia que se viven actualmente.
“Hemos detectado que uno de los obstáculos para la plena implementación de la reforma lo constituye la armonización de las normas jurídicas”, apuntó el funcionario.
Detalló que el propósito de esta mesa de trabajo será construir una agenda de armonización legislativa nacional y buscar hacer institucional este proceso.
Sepúlveda Iguíniz, expuso que involucrar a las autoridades de las entidades federativas a nivel local y municipal “es una de las características para que una política de derechos humanos pueda realmente volverse política de Estado”.
“Es necesario buscar fórmulas cada vez más institucionales, más permanentes que nos ayuden a mantener esta colaboración”, afirmó.