Julio 22, 2017

Mujeres acusadas de narcotráfico, al alza

El porcentaje de mujeres privadas de su libertad por cargos de narcotráfico creció 51 por ciento en los recientes tres lustros, frente al 20 por ciento en el caso de los hombres, destacada el Instituto “Belisario Domínguez” del Senado de la República, al sostener que este hecho jurídica obliga que el Estado mexicano incluya la perspectiva de género en la política pública en contra del comercio de drogas.

El artículo titulado “Aumento del encarcelamiento de mujeres en América Latina: Causas y recomendaciones”, publicado en la revista Pluralidad y Consenso de dicho órgano del Senado, sostiene que ese crecimiento obedece a factores como una política de cárcel para atacar el narcotráfico, feminización de la pobreza, poco acceso a servicios de educación, reclutamiento por parte de la pareja sentimental y falta de acceso a trabajos competitivos.

Se observa que en aras de cumplir con los roles de género asignados por la sociedad, las mujeres realizan las tareas que conllevan más riesgo y representan la menor remuneración en la cadena productiva del tráfico de drogas.

Diversas instituciones, como el Consorcio Internacional sobre Política de Drogas (2013), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) y la Organización de Estados Americanos (OEA, 2014), a través de la Comisión interamericana de Mujeres, han estado trabajando en propuestas que puedan ser incorporadas a las políticas públicas que implementan los Estados.

Entre estas, destacan la reformulación, aplicación y monitoreo de políticas de drogas con enfoque de género y destinar más recursos del Estado en servicios de salud, dirigidos a programas de dependencia de drogas y servicios de reducción de daños basados en evidencia científica y con enfoque de género.

En eliminar la obligación de la prisión preventiva para delitos relacionados con drogas, dado que constituye una vulneración al principio de presunción de inocencia y es una medida desproporcionada; establecer la posibilidad del uso, portación y cultivo de drogas para uso personal, así como hacer una distinción consumo recreativo y ocasional, y asegurar la proporcionalidad, distinguiendo entre delitos de drogas de menor, media y alta escala.

Se propone también no usar prisión preventiva para mujeres embarazadas o con personas dependientes y activar indagaciones para los casos en que han sido forzadas a portar drogas, y activar mecanismos que garanticen la seguridad de la familia de aquellas convertidas en correos humanos.

El artículo, publicado en el número 31 de la Revista Pluralidad y Consenso del Instituto Belisario Domínguez, se puede consultar en http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/view/397/383