Ley de Confianza en Illinois
El Centro de Estudios Internacionales del Senado “Gilberto Bosques” realizó un estudio sobre los “Estados Santuario”, mismo que se ha enfocado a analizar las medidas que pretenden encontrar un modelo que impulse políticas en beneficio de los migrantes en Estados Unidos, como parte de los mecanismos para enfrentar las leyes contrarias, como la ocurrida en Texas, conocida como “ley SB4”.
El trabajo titulado como ¿Estados Santuario?: el caso de Illinois y la ley SB31, hace referencia a la comunidad migrante de la potencia norteamericana, señalando que ha sido una de las bases del tejido social de aquel país, desde el inicio de su estructuración.
El estudio resalta que en décadas recientes Estados como California, Nueva York e Illinois, entre algunos más, han experimentado un incremento de migrantes que no tienen documentos, no obstante, son comunidades que impulsan la economía y equilibran la balanza económica de los estados en mención, debido a su voluntad para trabajar y su remuneración salarial generalmente baja.
La investigación continúa y pormenoriza que Chicago es una ciudad antonomástica, la cual el presidente Donald Trump y el procurador general Jeff Sessions toman como referencia para señalar a la población migrante y relacionarla con los supuestos altos índices de criminalidad.
En ese sentido es que el estudio expresa los esfuerzos realizados dentro de la nación para enfrentar las políticas antiinmigrantes actuales, siendo el caso de la llamada “Ley Confianza” sucedida en Illinois, pues prohíbe a las autoridades locales realizar detenciones de personas basados en el estatus migratorio, al tiempo de limitar la cooperación entre policías locales y federales del Servicio de Inmigración y Control de aduanas (ICE).
Concluye en suma que la inmigración no autorizada ha entrado en un proceso de criminalización cada vez mayor, agudizada con la campaña del actual mandatario estadounidense, arrojando debates y opiniones controvertidas entre estados y el gobierno federal, pugnando por la disminución del financiamiento otorgado a los llamados estados santuario, argumentando que no tienen la capacidad, ni las disposiciones para regular la inmigración no documentada.