Julio 3, 2013

A pesar de avances, tortura es realidad cotidiana en México

De acuerdo con el análisis elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), si bien nuestro país forma parte de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos e internamente se cuenta con leyes en el mismo sentido, el número de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes ha aumentado 30% en los recientes años, quedando la mayoría de ellos sin castigo y, evidentemente, sin reparación del daño para la víctima.

Así lo confirma la información recabada por organismos públicos para la protección y defensa de los derechos humanos de las entidades federativas, que en 2013 registraron 12 mil 110 casos de tortura y tratos crueles, número que en 2014 aumentó a 16 mil 62 hechos vejatorios.

A pesar de que los casos son conocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ésta emite sendas recomendaciones, no existe una sola sentencia penal en contra los culpables.

A la inoperancia gubernamental para dejar impunes los casos de tortura, señala el análisis del IBD, se suma que en nuestros propios ordenamientos legales se contemplan algunas figuras que violan los derechos humanos. Tal es el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su articulado prevé el arraigo (16) y prisión preventiva oficiosa (19); así como de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que no contempla la tortura con fines discriminatorios; y de los ordenamientos locales que en algunos casos prevén penas muy bajas y no cumplen con estándares internacionales.

Se trata de un reto de gran envergadura para el Estado mexicano, para el cual los senadores ya han ubicado las deficiencias y la tarea pendiente es adecuar nuestro orden legal.