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Julio 11, 2019

Congreso de Baja California atenta contra el orden constitucional

José Luis Camacho Vargas

El 9 de septiembre de 2018 dio inicio el proceso electoral en el Estado de Baja California para renovar su Poder Ejecutivo, Poder Legislativo e integrantes de los ayuntamientos. Todas las fuerzas políticas y actores políticos tuvieron certeza de las reglas porque se encontraban vigentes en la legislación nacional, Constitución Política del Estado y leyes secundarias. Hubo piso parejo y certidumbre jurídica.

Como parte de ese conjunto constitucional y legal, el artículo octavo transitorio del Decreto 112 de reforma a la Constitución de Baja California, de fecha 17 de octubre de 2014, establece que el gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021. Es decir, su duración es de dos años.

Al respecto, es necesario destacar que la misma observancia y obligatoriedad tiene un artículo primario constitucional que un artículo transitorio constitucional.

De igual forma, se trata de una norma general y abstracta, que se dirige a toda la ciudadanía del Estado de Baja California.

Bajo esas reglas los candidatos se postularon e hicieron campaña y la ciudadanía los votó.

Una vez que se dio el veredicto de las urnas, hubo ganadores y perdedores y el régimen democrático se cumplió, el ganador está queriendo cambiar retroactivamente las reglas bajos las cuales fue electo, y en lugar de acatar la ley y cumplir un periodo de dos años, utiliza al Congreso local para, a través de una norma que ya no es general ni abstracta sino particular y concreta, ampliar su periodo a cinco años, vulnerando con ello el estado de derecho que los mexicanos nos hemos dado.

El pueblo eligió al próximo gobernador por dos años.

De madrugada y a escondidas, 21 diputados del Congreso de Baja California aprobaron eliminar el artículo octavo transitorio del Decreto 112, buscando con ello ampliar el periodo del gobernador electo Jaime Bonilla de dos a cinco años, lo cual a todas luces es inconstitucional e inmoral.

No se trata de un asunto menor, pues está en peligro, ni más ni menos, que la prevalencia del régimen democrático en México.

21 de los 25 diputados locales han violado la Constitución local y federal, por lo que son sujetos de juicio político con base en el artículo 110 de la Constitución Federal.

Esta acción ilegal no puede permitirse ni tolerarse, pues el día de mañana nada detendrá a quienes burlando la ley busquen enquistarse en el poder argumentando un ahorro de recursos o de querer seguir haciendo el bien a la Nación.