Ley General de Archivos
El Senado de la República aprobó con 90 votos a favor y 0 en contra, la Ley General de Archivos, misma que erige los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de documentos que estén en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes de la Unión, además de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos con la misma naturaleza.
Del mismo modo delinea las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y especifica que los sujetos obligados se tendrán que regir por los principios de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad, debiendo organizar y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que posean.
En ese sentido, se prevé que los mismos sujetos deberán contar con instrumentos de control y de consulta conforme a sus atribuciones y funciones, donde los servidores públicos tendrán que elaborar un acta de entrega-recepción cuando se separen de su empleo, al tiempo de entregar archivos bajo su custodia.
El mecanismo apunta además, que el patrimonio documental de la nación es propiedad del Estado Mexicano y es de dominio público, sujeto a jurisdicción federal. Se concluyó en la Asamblea que la aprobación del dictamen en comento resuelve los dilemas como el derecho a la memoria y de protección de datos personales y familiares o si los archivos serían públicos o privados, ya que se crea el Sistema Nacional de Archivos, donde el Archivo General de la Nación estará al frente de dicho Sistema, se contribuye así en la consolidación del derecho a la información, libertad de ideas y construcción real de la historia, finalmente el mismo dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para sus consecuentes efectos constitucionales.