Ley de Seguridad Interior
En el marco del análisis de la Ley de Seguridad Interior que realizan los presidentes de las comisiones dictaminadoras, mandatarios estatales demandaron a la Cámara de Senadores la aprobación de la minuta que expide la propia ley, al tiempo de considerar que es una necesidad otorgar un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en los estados.
En ese sentido calificaron como un grave riesgo a la seguridad nacional el retirar al ejército de sus labores contra organizaciones criminales, donde apuntaron que la ley no militariza el país, ni trasgrede los derechos humanos, en cambio asiste el restablecimiento de la seguridad y combate la debilidad con la que aún cuentan los tres niveles de gobierno en esta materia.
En su turno la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera Anzaldo, expresó que las Fuerzas Armadas mexicanas han sido piedra angular en la defensa de la sociedad, por lo que es menester dotarles de certeza jurídica en dicha labor.
Por su parte el gobierno de Colima tildó a la ley como necesaria, frente al crecimiento de los índices delictivos, además de apuntar que la misma no consiente la invasión de la esfera competencial de las fuerzas locales, ni establecerá un Estado de excepción.
Al respecto, el gobierno de Durango solicitó a los legisladores la aprobación de esta ley, pues la lucha que se libra en dicha demarcación contra grupos criminales sería impensable sin el apoyo y presencia de las Fuerzas Armadas mexicanas, destacó.
Finalmente, el gobierno de la Ciudad de México afirmó que, es imperioso asignar el marco de legalidad referido, pues de lo contrario y de retirar de sus tareas a los militares se colocaría en jaque y en un grave riesgo a la seguridad nacional, no obstante, abundó en que esta minuta se advierten excesos y se rebasa lo que se puede entender como coordinación de las fuerzas y los estados o municipios, por lo que es necesario continuar la discusión, para evitar lo que sería incluso extralegal, concluyó.